La Fundación por los Derechos del Consumidor (Fundecom), consideró como abuso de poder el nuevo aumento de la tarifa eléctrica en los clientes regualados, dispuesto por la Superintendencia de Electricidad (SIE), para el trimestre Julio-Agosto-Septiembre de 2022, en porcentajes que van desde un 9 hasta un 36 por ciento.
De acuerdo a David La Hoz, presidente de la organización de defensa de los derechos de consumidores y usuarios, “ todo aumento de tarifa que se haga sin cumplir con el mandato del artículo 119 de la ley 125-01 resulta ser ilegal e improcedente”.
Fundecom hace un llamado a la SIE a revocar la resolución cuestionada, porque de lo contrario se estaría colocando al margen de la ley 125-01, en un denominado Estado Social y Democrático de Derecho, que debía propugnar por moderar los precios de los bienes y servicios de primera necesidad.
En nota enviada a este medio, la organización sostiene que esos aumentos de tarifa, previstos cada trimestre hasta diciembre de 2026, deben ser dejados sin efecto hasta que se hagan los estudios técnicos correspondientes
Fundecom recordó que el llamado Pacto Eléctrico, en el cual el gobierno pretende justificar la escala alcista en la tarifa eléctrica, es un “pacto” parcial, en el entendido de que no fue firmado por la parte más importante del sector social.
En nota enviada a este medio la entidad afirma que la población no puede seguir siendo castigada con tarifas eléctricas ilegales, con tres distribuidoras eléctricas que registraron pérdidas promedio de un 32% durante 2021.
Destaca La Hoz, que a través de la Superintendencia de Electricidad el Gobierno aumenta la tarifa eléctrica en un 9 % para los clientes residenciales que consuman hasta 300 kWh y de 7.6 % para los pequeños comercios, que juntos representan alrededor del 80 % de los usuarios regulados por las empresas distribuidoras de electricidad
Por último, el líder social criticó que la Central Termoeléctgrica de Punta Catalina ( CTEPC) ha sido colocada en manos privadas con intereses en el subsector eléctrico, comprando el carbón mineral a precios que duplican el que rige en el mercado.











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