La exprimera dama, Rosa Elena Bonilla, fue hallada culpable de apropiarse de fondos públicos para programas sociales durante la administración de su esposo, el expresidente Porfirio Lobo, quien gobernó entre 2010 y 2014.
Se trató de una decisión unánime. En concreto, el Tribunal en Materia de Corrupción de Tegucigalpa halló responsable a Rosa Elena Bonilla de tres delitos de apropiación indebida y ocho de fraude, en contra del Estado hondureño.
Paralelamente, a la exprimera dama no se le halló culpable de lavado de activos.
Bonilla enfrenta una condena de entre 58 y 87 años de prisión. Ella está encarcelada desde el 28 de febrero de 2018, al igual que su cuñado Mauricio Mora, quien quedó absuelto en este caso, según la justicia por “insuficiencia probatoria”.
En cambio, el exsecretario privado de la exprimera dama, Saúl Escobar, fue declarado culpable de ocho delitos de fraude en concurso real a título de autor directo en perjuicio de la Administración Pública.
Escobar se encuentra recluido en una cárcel cerca de Tegucigalpa, la capital, tras entregarse a las autoridades en marzo de 2018.
Minutos antes de conocer el dictamen de la corte, Lobo aseguró: “si la Corte Suprema falla en contra de doña Rosa, vamos a instancias internacionales. Este caso se gana allá”
La Caja Chica de la Dama
Así se le conoce al caso en torno a los presuntos delitos de corrupción de la esposa de Porfirio Lobo, quien fue presidente de Honduras, entre 2010 y 2014.
Según una investigación del Ministerio Público, coordinada con la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, que depende de la Organización de Estados Americanos, OEA, Rosa Elena Bonilla y su exsecretario privado, Saúl Escobar, se habrían apoderado de recursos públicos y creado una red de blanqueo de capitales para ocultar dinero proveniente del Estado, destinado a obras sociales.
La denuncia destaca que Bonilla desvió cerca de 18.3 millones de lempiras, alrededor de 779.000 dólares, de fondos públicos y donaciones internacionales que originalmente fueron destinados a programas sociales, pero el dinero fue empleado para pagar facturas médicas personales, proyectos de construcción, matrícula de la escuela privada de sus hijos y joyas.
El Tribunal argumentó que la esposa de Porfirio Lobo era la única persona con firma autorizada, para administrar esos fondos.
“Ella dispuso de los fondos como si fueran propios, por lo que se le considera autora de tres delitos de apropiación indebida”, señaló el dictamen del tribunal.
“No fue un fraude cualquiera, no sólo fue el hecho, si no su relación con el manejo de los caudales públicos”, agregó.
La exprimera dama deberá pagar una multa equivalente al 10 % del total de lo defraudado. Está previsto que la pena de cárcel en su contra sea establecida el próximo 27 de agosto, para cuando está fijada la audiencia.
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