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La presentación de los alegatos de los imputados de corrupción administrativa dentro de la llamada operación Calamar, entre ellos tres exministros, concluyó este lunes tras cuatro jornadas para conocer las medidas preventivas contra el grupo.
El caso está en manos de jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Kenya Romero, quien deberá decidir la suerte de los veinte acusados, entre los que figuran el exministro de Obras Públicas y antiguo candidato presidencial Gonzalo Castillo, el extitular de Hacienda Donald Guerrero y el exministro Administrativo de la Presidencia José Ramón Peralta.
La magistrada pautó para las 10:00 de la mañana de este martes la lectura del fallo de medida de coerción contra los 20 señalados.
El órgano acusador pidió en principio dieciocho meses de prisión para el grupo, una solicitud que ha ido variando a lo largo de las audiencias, debido a que varias personas han asumido su responsabilidad en el supuesto entramado de corrupción, de acuerdo con los propios fiscales.
La instrumentalización del caso se inició formalmente el pasado miércoles tras dos aplazamientos en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, en el Distrito Nacional, cuya seguridad ha sido reforzada tras los enfrentamientos anteriores entre agentes y militantes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), formación a la que pertenece la mayoría de imputados.
Además de los exministros, entre los detenidos figuran el antiguo contralor general de la República Daniel Omar Caamaño, el que fuera director del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) Luis Miguel Piccirilo, el exdirector de Catastro Nacional Claudio Silver Peña y los antiguos directores de Casinos y Juego de Azar Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.
También figura el abogado y político Ángel Lockward, uno de los diez imputados que presuntamente admitió los hechos, según el Ministerio Público
El supuesto entramado de corrupción distrajo a los contribuyentes más de 19,000 millones de pesos y afectó a varias instituciones, entre ellas el Ministerio de Hacienda, de acuerdo con la acusación.
EFE
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