Radar 24
Para este viernes a las 11:00 de la mañana está citada la ministra de la Juventud, Kinsberly Taveras, quien también deberá explicar sobre su declaración jurada de bienes ante la Procuraduría General de la República.
Taveras tomó licencia la semana pasada luego del escándalo que provocó una entrevista en el programa de Nuria Piera, donde se le cuestionó por los bienes que posee valorados en más de 74 millones de pesos.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) informó de que abrió una investigación de oficio sobre la declaración jurada presentada por la ministra.
La ministra aseguró que está “a disposición” de la Justicia para ser sometida a una investigación exhaustiva y precisó que este viernes se presentará a la citación de la Fiscalía del Distrito Nacional.
No obstante, la ministra calificó las acusaciones en su contra como “ataques infundidos e inmerecidos”.
El lunes, el titular de la Pepca, Wilson Camacho, dijo que el organismo que dirige abrió una investigación de oficio sobre la declaración jurada de la ministra desde el mismo momento en que se produjo la denuncia sobre su patrimonio.
La semana pasada, la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) anunció la suspensión del Registro de Proveedores del Estado de la ministra Taveras y el inicio de una investigación que determine si sus empresas se han beneficiado de contratos públicos.
Estos anuncios se producen tras la emisión de una entrevista en el programa de la periodista Nuria Piera, que aseguró que varias de sus empresas tienen contratas con entidades públicas.
La DGCP confirmó que Taveras figura como proveedora del Estado con dos empresas, una de corte personal a su nombre y otra jurídica (Colegio Domínico Chino CDC, SRL), de la que es gerente administradora y poseedora del 75% de sus acciones.
El 8 de octubre pasado, la DGCP anunció la suspensión de la consideración de proveedor del Estado a 119 funcionarios, en virtud de la citada Ley, en concreto a 113 alcaldes y regidores, a dos jueces y a otros cuatro funcionarios.
La legislación establece que los funcionarios de primer y segundo nivel de jerarquía, entre los que figuran, ministros, viceministros, directores y subdirectores, alcaldes y regidores, no pueden ser oferentes ni contratar con el Estado para suplir bienes, obras y servicios a las instituciones gubernamentales.
Comenta este Artículo