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Un nuevo escándalo relacionado con el narcotráfico salpica al Gobierno colombiano, luego de que un medio difundiera que la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, habría pagado en 1997 una fianza de 150.000 dólares para que le retirarán los cargos por tráfico de heroína hacia EE.UU., a su hermano, Bernardo Ramírez Blanco. Un grupo de senadores ha pedido su renuncia.
La investigación, publicada por La Nueva Prensa, devela que hace 23 años el hermano de Ramírez fue arrestado y condenado a cuatro años y nueve meses de cárcel en EE.UU. por traficar con el opioide. La vicepresidenta, por su parte, ha emitido un comunicado donde ha desmentido que haya pagado una fianza y ha afirmado que el “error” de su familiar “ha costado muchos años de sufrimiento” a su entorno.
La información ha sorprendido a los colombianos debido a que la actual vicepresidenta, en la campaña electoral para las presidenciales de 2018, no se refirió a la detención de su hermano en Miami, mientras recibía el cargamento de dos “mulas” contratadas por él, procedentes de Aruba, según la acusación y la sentencia judicial condenatoria.
Las razones de la vicepresidenta
Ramírez en su comunicado ha negado que haya pagado una fianza y ha expresado que su esposo y ella firmaron una garantía “para asegurar que (su hermano) se presentaría a la Justicia”. Según su versión, su pareja y ella lo llevaron a una corte de Florida para que “reconociera su falta” y “respondiera por ella”.
La vicepresidenta afirmó que su familiar cumplió la condena y “hace 18 años quedó en libertad”. “Desde entonces ha estado dedicado a trabajar, es un hombre de bien, y junto a su familia lleva una vida decente y honrada”.
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